inicio exp. motivos aludidos

 

El juzgado anula la participación, selección y nombramiento del director del IES Monte Neme. También acepta la recusación del presidente de la comisión de selección Emilio Pérez Sánchez.

S E N T E N C I A - 1 0 F

[Ver: Feb09. El juzgado...]

 

Tramposos, vista de águila y conciencia tranquila.

 

Los miembros de la comisión de selección de director del IES Monte Neme han rubricado una resolución llena de falsedades y embustes para proponer de manera torticera a María Jesús Gómez Hermida como director del IES Monte Neme: resulta casi imposible no pensar en la comisión de un delito de prevaricación, y aún hay quien presume de tener la conciencia tranquila.

edu.xusta.es.- Septiembre de 2008.

                                                                                   

 

 

Los siete miembros de la comisión de selección de director del IES Monte Neme han desarrollado una agudeza visual que les ha permitido fulminar la legislación vigente mediante las resoluciones que rubrican.

 

Ellos —Emilio Pérez Sánchez, Ana Isabel Montes Vázquez, Laura Díaz Bocelo, Pilar Serrano Cela, Dolores Suárez Mancebo, Manuel Naya Mata y Encarna Herranz González-Botas— se han atrevido, merced a su vista de águila, a dar fe de que el equipo directivo presidido por María Jesús Gómez Hermida cumple una normativa que no cumple.

 

Se trata de la aplicación de la Ley 7/2004 gallega para la igualdad de mujeres y hombres, en concreto en sus artículos 9º y 10º: pues bien, el artículo 10º de la citada ley, por poner un simple ejemplo, trata exclusivamente de la erradicación de los prejuicios en los centros docentes, y el propósito último de dicho artículo se refleja en sus líneas finales, que ahora transcribimos:

 

"Con tales efectos, nos regulamentos internos dos centros educativos, deberán explicitarse as medidas de corrección ou sanción de comportamentos sexistas".

 

El reglamento de régimen interno del IES Monte Neme no explicita ni una sola medida de correción o sanción de comportamientos sexistas, es decir, no cumple con lo estipulado por la Ley 7/2004 en su artículo 10º.

 

Un juez medianamente imparcial lo primero que tendría que hacer es verificar si la norma en cuestión se cumple o no, y, una vez efectuada la verificación, acreditar ese cumplimiento, o acreditar el incumplimiento.

 

Y si el juez no puede acreditar el cumplimiento en cuestión, debería, como mínimo, intentar pasar de puntillas sobre el asunto, sin comprometer su credibilidad, pero en ningún caso debería aventurarse a efectuar afirmaciones infundadas, ante el riesgo de que alguien pudiera probar que dicho juez estaría incurriendo en falsedades. En este punto ya habría desaparecido de la imagen del juez cualquier impresión de imparcialidad, transmitiendo, en cambio, un aire de favoritismo o arbitrariedad en su fallo.

 

Sin embargo, lo que acreditan los miembros de la comisión en la vergonzosa resolución es una

 

observancia inequívoca por parte do equipo directivo de todas e cada unha das medidas que conforman os diversos parágrafos dos dous artículos citados

 

así como está transcrito, destacado en negrita y subrayado: el adjetivo "inequívoca" y la frase "todas e cada unha" reflejan el especial empeño puesto por los redactores de la resolución en darle apariencia de verdad.

 

No se trata de que los miembros de la comisión afirmen simplemente que algo es verdad sin haberlo comprobado, afirmación que ha devenido una falsedad, y que hasta este momento hubiera sido disculpable por ignorancia: es que no dejan resquicio a la duda en la resolución, merced al énfasis puesto por el adjetivo "inequívoca", merced al énfasis puesto por el afán de exhaustividad al hablar de "todas e cada unha das medidas" y de "os diversos parágrafos", pretendiendo transmitir al lector la impresión de un análisis pormenorizado de cada uno de esos artículos y de un estudio de detalle de cada uno de sus distintos párrafos, pues parece que han revisado de punta a cabo dichos artículos y han verificado que la Ley 7/2004 experimenta una "observancia inequívoca".

 

Lo único que se revela es que ni se han molestado en leer los mencionados artículos: el artículo 10º, como hemos dicho, trata exclusivamente de la erradicación de los prejuicios en los centros docentes, poniendo especial énfasis en las medidas de corrección o sanción de comportamientos sexistas. De hecho, son las únicas e importantísimas medidas que la ley obliga a adoptar, y son las que precisamente no observa el equipo directivo, contrariamente a lo que sostiene la resolución en su párrafo transcrito en negrita y subrayado.

 

Hemos pasado, luego, de una simple falsedad a una mentira, pero no a una mentira cualquiera, a tenor de ese especial empeño puesto por los redactores de la resolución en darle apariencia de verdad, sino a una mentira disfrazada con artificio, a un auténtico embuste: en este punto ya no estamos ante una intuición de favoritismo hacia uno de los candidatos o ante una sospecha de arbitrariedad del juez, sino ante una prueba clara de una decisión injusta y efectuada de manera consciente, en virtud del especial empeño mencionado.

 

Pero el asunto no termina aquí, porque en el siguiente párrafo de la repugnante resolución se habla de

 

"[…] un absoluto cumprimento […] ó longo de seis anos de exercicio de dirección, cumprimento absoluto, repetimos, da normativa establecida na citada lei."

 

así como está transcrito, con el adjetivo "absoluto" pretendiendo incidir de manera especial en ese supuesto cumplimiento, repitiendo luego la frase pero con el orden de palabras alterado, y añadiendo el "repetimos" para que no quede duda de cuál es el supuesto grado de cumplimiento de la normativa que muestra el equipo directivo presidido por María Jesús Gómez Hermida en relación con los artículos 9º y 10º de la Ley 7/2004.

 

De nuevo se está intentando, por todos los medios posibles, hacer pasar aquello que es falso por verdadero: ahora, sin embargo, ya no sólo se recurre a mentiras y a embustes, sino que los redactores echan mano de todo tipo de trapazas, artimañas y añagazas para lograr su objetivo, que debe de ser salvar la candidatura de María Jesús Gómez Hermida, y todo deriva en una sarta de despropósitos:

 

-no hay cumplimiento, ni absoluto ni relativo: lo que hay es incumplimiento, como ya se ha evidenciado;

 

- lo de los seis años también es mentira: el equipo directivo presidido por María Jesús Gómez Hermida sólo lleva cinco años ejerciendo, y de lo más que se podría hablar es del incumplimiento a lo largo y ancho de esos cinco años con sus trescientos sesenta y tantos días cada uno;

 

- la Ley data de julio de 2004, y entonces es materialmente imposible acreditar ese supuesto cumplimiento a lo largo de seis años, porque en realidad la ley ni siquiera tenía cuatro años de existencia cuando los tramposos de la comisión rubricaron la resolución torticera pretendiendo dar fe de algo que se ha revelado falso;

 

- y la mayoría de los miembros de la comisión ni siquiera llevaba seis años en el IES Monte Neme —ni cinco, ni cuatro— cuando el 6 de junio de 2008 acreditaron toda la sarta de embustes recién analizados.

 

Y en esto sí que conviene poner énfasis, en que los miembros de la comisión acreditan en la injusta resolución mediante su firma y rúbrica el cumplimiento de una normativa a lo largo de seis años, cuando el equipo directivo sólo lleva cinco años en el cargo, cuando la normativa aludida sólo tiene cuatro años de existencia, cuando la mayoría de los miembros de la comisión no llevan seis años, ni siquiera cinco ni cuatro, en el IES Monte Neme: el 6 de junio de 2008, fecha de la repugnante resolución, Emilio Pérez Sánchez ni siquiera llevaba cuatro años como inspector del centro; el 6 de junio de 2008, fecha de la repugnante resolución, Laura Díaz Bocelo ni siquiera llevaba tres años como profesor en el centro; el 6 de junio de 2008, fecha de la repugnante resolución, Pilar Serrano Cela ni siquiera llevaba un año como profesor en el centro.

 

No importa que no estuviesen destinados en el centro, porque todo lo penetra, cuando avizora desde la lejanía, la vista de águila de los miembros de la comisión: ese ojo escrutador que tienen atraviesa ladinamente cualquier vericueto legal para convertirlo en un vado apacible y fácilmente transitable.

 

De esta manera, se han atrevido a rubricar no una resolución ambigua y vacilante en su términos, que pudiese dejar algún resquicio para la atenuación de la condena a la que se han hecho acreedores, sino una resolución que pretende hacer hincapié, para que a nadie le pase desapercibido, en el respeto que muestra María Jesús Gómez Hermida por la legislación vigente.

 

Resulta difícil encontrar otro comportamiento doloso que encaje mejor en los supuestos recogidos en el Código Penal, que en su título XIX aborda los delitos contra la administración pública, y en su capítulo I trata de la prevaricación de los funcionarios públicos y otros comportamientos injustos:

Art. 404: A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años.

Art. 405: A la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de su competencia y a sabiendas de su ilegalidad, propusiere, nombrare o diere  posesión para el ejercicio de un determinado cargo público a cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello, se le castigará con las penas de multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.

Art. 406: La misma pena de multa de impondrá a la persona que acepte la propuesta, nombramiento o toma de posesión mencionada en el artículo anterior, sabiendo que carece de los requisitos legalmente exigibles.

 

Y lo que en principio podía interpretarse como la perspicaz vista de águila de los miembros de la comisión, que cual augures se han atrevido a auspiciar toda una serie de cumplimientos mentirosos, ha devenido por fin un zopilote ambliope que avizora desde los muladares de la prevaricación, lugar que también hubieran frecuentado otros pájaros de cuenta como Manuel Naya Mata y Encarna Herranz González-Botas, en caso de haber ejercido en calidad de funcionarios públicos, además de Emilio Pérez Sánchez, Ana Isabel Montes Vázquez, Laura Díaz Bocelo, Pilar Serrano Cela y Dolores Suárez Mancebo.

 

Pero, ¿dónde tienen su origen todas las falsedades, mentiras, embustes y trapazas vertidos por los siete tramposos de la comisión de selección de director? Tienen su origen única y exclusivamente en su afán por evitar la exclusión de la candidatura de María Jesús Gómez Hermida del procedimiento de selección de director: no se trata sino de un subterfugio empleado para lograr que Gómez Hermida sea nombrada director del IES Monte Neme. ............................................................................ [Ver: Jul08. Una banda de ...]

 

Puesto que las bases de la convocatoria exigían la referencia explícita en los proyectos de dirección a los artículos 9º y 10º de la Ley 7/2004 gallega para la igualdad de mujeres y hombres y puesto que el proyecto de Gómez Hermida carecía de dicha referencia, los miembros de la comisión, ante el recurso presentado por otro candidato, se veían en la obligación de excluir a Gómez Hermida del procedimiento, y es entonces cuando se inventan eso de reconocer que el proyecto de Gómez Hermida no cumple ese requisito pero sí que cumple una supuesta práctica diaria relacionada con el requisito. En otras palabras, en vez de excluirla del procedimiento se dedican a buscar una justificación que les permita mantenerla dentro de dicho procedimiento y proponerla como director del IES Monte Neme, y creen que encuentran esa justificación en la sarta de falsedades y embustes anteriormente analizados.

 

Todas las falsedades, mentiras, embustes y trapazas reseñadas eran prescindibles: los miembros de la comisión de selección de director no tenían que entrar a valorar la práctica de María Jesús Gómez Hermida en su ejercicio de la dirección, les bastaba con ceñirse a la ley y excluirla del procedimiento. Y si han incorporado toda esa sarta de despropósitos en la resolución sólo ha podido ser con el propósito de favorecer —torticeramente, como se ha demostrado— a María Jesús Gómez Hermida.

 

Y es por ello, para terminar, que resultan especialmente sorprendentes unos comentarios efectuados de manera repetida por Pilar Serrano Cela en una reunión del claustro de profesores, jactándose de tener la conciencia muy tranquila: en primer lugar, quien tiene que presumir de una virtud o cualidad suele carecer de ella; en segundo lugar, habría que preguntarse por el material que compone las conciencias de estos probos miembros de la comisión, si se trata de cemento armado o de platino iridiado, toda vez que se han atrevido a rubricar lo que han rubricado.

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